La Contraloría General de la República avanza en el combate contra la corrupción a través de la capacitación de los consejos comunales y funcionarios públicos que se encargan de brindar asesoría a los ciudadanos para que logren usar de forma efectiva y honesta los recursos que les son otorgados para el financiamiento de proyectos comunitarios.

En esta oportunidad el máximo órgano de control fiscal del país instaló en conjunto con su Instituto de Altos Estudios, Cofae, la XII Jornada de Fortalecimiento del Poder Popular dirigida a más de 60 participantes entre funcionarios del Ministerio de Transporte Terrestre, Ministerio para el Servicio Penitenciario y voceros de consejos comunales de las parroquias Sucre y El Recreo del Distrito Capital.

La actividad tendrá una duración de dos sábados consecutivos y está orientada a reforzar los conocimientos de los asistentes en cuanto al control de los recursos financieros, base legal y constitucional del registro de las operaciones administrativas y económicas de los consejos comunales, rendición de cuentas, contrataciones públicas y contraloría social.

Al respecto, Félix Zambrano, director general de Control de Estados y Municipios de la CGR, destacó que esta preparación va a coadyuvar en la prevención de la corrupción desde las bases del Poder Popular. “Se hace necesario que las comunidades le hagan seguimiento a los proyectos y por eso les brindamos herramientas para que puedan tener mayor claridad al momento de hacer uso de los recursos, sobre todo porque la CGR está en sintonía con la nueva forma de gobierno de la eficiencia en la calle que contempla la autogestión de la ciudadanía”.

Así mismo, Roberth Naranjo, vocero del consejo comunal Emiliano Hernández de la parroquia Sucre, manifestó su agradecimiento por esta iniciativa que emprende la CGR e indicó que esta formación contribuye a la construcción del Estado comunal como una nueva estructura social que reconozca las necesidades reales del pueblo.

Las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular que adelanta la CGR responden a una política institucional enfocada en consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de control de la gestión pública, tomando en cuenta que las comunidades organizadas deben asumir un rol protagónico en la vigilancia y uso consciente del patrimonio de la nación.